Los orígenes de la Abogacía del Tesoro se remontan al año 1925 cuando por Ley N° 751 del 14 de agosto del citado año fue creado el cargo de Procurador General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Hacienda. Entre sus principales deberes y atribuciones se encontraban: a) Perseguir el cobro compulsivo de los impuestos; b) Intervenir en los asuntos que conoce el Tribunal de Cuentas en grado de apelación; y c) Representar al Estado en las causas en que esté interesada la renta pública.

En la Ley N° 759 del 27 de agosto de 1925, "Presupuesto General del Ejercicio Financiero 1925/1926", en el Anexo D, aparece en el Ministerio de Hacienda la Procuraduría del Tesoro con dos cargos, el de Procurador del Tesoro y el de Secretario Auxiliar. El primer Procurador General del Tesoro fue el Dr. JUAN B. SISA, nombrado por Decreto N° 21.890 de fecha 1 de octubre de 1925.

En el año 1946 con el Decreto Ley N° 17.101 del 24 de diciembre de ese año, se estableció la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda. Dentro de dicho esquema de organización figura la Abogacía del Tesoro (denominación actual), como repartición dependiente del Ministro de Hacienda.

A partir del año 1992, la Ley N° 109 del 6 de enero del citado año dispuso los deberes y atribuciones que actualmente constituyen materia de competencia de la Abogacía del Tesoro.